CHIHUAHUA, CHIH. — En un ejercicio de rendición de cuentas y transparencia, el presidente interino de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Alejandro Carrasco Talavera, encabezó la presentación del informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2025.
El evento, dirigido a medios de comunicación y a la sociedad civil, surge como una respuesta institucional ante la parálisis legislativa que ha impedido la renovación de la presidencia del organismo.
Durante su intervención, Carrasco Talavera explicó que la planeación original del Congreso del Estado contemplaba que la rendición del informe coincidiera con la elección de la nueva presidenta de la Comisión en enero pasado. No obstante, la falta de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas ha postergado la designación de la mujer que encabezará el organismo por los próximos cinco años.
«Al no haber un consenso político, ya no se pudo llevar a cabo tampoco el informe (en el formato original). Fueron circunstancias a las que hay que adaptarnos», señaló el ombudsperson interino.
Ante este escenario, la CEDH optó por formalizar la entrega del documento ante los tres poderes del Estado —Ejecutivo, Legislativo y Judicial— y realizar un evento público para evitar que los avances en materia de derechos humanos quedaran en la opacidad por cuestiones políticas.
Carrasco Talavera enfatizó la importancia de que la ciudadanía conozca el destino y las acciones de las instituciones: «A veces la sociedad se pregunta qué está haciendo tal dependencia; es importante hacer este tipo de eventos para que sepan cómo estamos trabajando».
Como parte de la presentación, se exhibió una síntesis ejecutiva en video detallando los mayores alcances del organismo durante el año pasado. El titular interino agradeció a los medios de comunicación por fungir como «puente» con la sociedad chihuahuense, permitiendo que los resultados de la gestión 2025 sean de acceso público a pesar de la transición administrativa pendiente.
Con este acto, la Comisión busca dar certeza de su operatividad y vigencia, mientras el Poder Legislativo retoma las negociaciones para definir el perfil que asumirá la titularidad formal del organismo.